Asociación de españoles comprometidos con España

Desde hace más de 45 años, en que los españoles modificamos nuestro sistema de gobierno, sustituyéndolo por una monarquía parlamentaria, basada en un sistema democrático para la elección de nuestros representantes, resulta indudable que los mecanismos de aplicación de este sistema han ido pervirtiéndose paulatinamente, y una élite política va, poco a poco, eliminando nuestra libertad e igualdad ante la ley.

La integridad de España

Los derechos a la vida, la dignidad, la igualdad ante la ley, la libertad y la seguridad jurídica de los españoles, son los valores superiores que hemos de salvaguardar entre todos.

Estos valores están en peligro de desaparecer, debido a la avaricia de poder político de muchos que han convertido la actividad pública en una fuente inagotable de lucro personal, irrespetuosa con aquellos valores.

Solo los españoles podemos proteger España de su desaparición.

La protección de España

"Españoles, España está en peligro, acudid a salvarla".

El día 2 de mayo de 1808, cuando España se encontraba ocupada de facto por el ejercito francés, con la conformidad del rey Fernando VII, el alcalde de Móstoles lanzó aquella proclama que galvanizó a los españoles, y supuso el inicio de una larga lucha para devolver España a los españoles.

Hoy, España vuelve a estar en peligro y, los españoles tenemos que volver a recuperarla.

El gobierno de España

Desde que en diciembre de 1978 los españoles aprobamos nuestra Constitución, nuestro sistema político, como monarquía parlamentaria, gira en torno a un sistema de frenos y contrapesos de los tres poderes del Estado: El legislativo, el ejecutivo y el judicial, bajo el arbitrio de la Corona.

Ahora, todo ello está en peligro de desaparición, por las torticeras manipulaciones de algunos, que buscan apropiarse de los tres poderes, al tiempo que en pago de ello, están dispuestos a trocear España.

Nuestro Decálogo

España, como país, es un territorio único e indivisible, propiedad de todos los españoles, que están unidos por una lengua común, el español, y obligados por igual ante la ley.
El territorio español, que otrora ocupó buena parte de la Tierra, hoy puede ser troceada de nuevo, y reducida en su extensión, como ya sucedió en numerosas ocasiones anteriores.
Ante ello, los legítimos propietarios de España, que somos los españoles, salimos en defensa de nuestros derechos y nuestros valores, agrupándonos en forma de Asociación, para frenar los intereses espurios de algunos que pretenden apropiarse de parte del territorio español.
Y este es nuestro Decálogo de Principios:
 

  1. España es única e indivisible, y pertenece a todos los españoles por igual.
  2. La condición de español, requiere el conocimiento y uso de la lengua española.
  3. Los españoles, como titulares de la soberanía de España, tienen el derecho a elegir a sus representantes políticos en las instituciones públicas, en un proceso electoral democrático, transparente y veraz.
  4. Los partidos políticos y las agrupaciones de electores son el vehículo para presentar como elegibles a sus candidatos, junto con sus programas de gobierno.
  5. La transgresión de lo señalado en el primer punto de este decálogo, por parte de cualquier organización, conllevará su ilegalización.
  6. Son derechos inviolables de los españoles, su vida, su dignidad, su igualdad, su libertad y su seguridad jurídica.
  7. Además de la responsabilidad penal que corresponda, el falseamiento doloso de los resultados electorales conllevará la inhabilitación política de sus autores y la nulidad de la consulta electoral.
  8. Las personas elegidas para participar en la actividad política en España o en la Unión Europea, están obligadas a cumplir con los programas de actuación presentados a los electores.
  9. El mandato representativo, conferido a los elegidos, podrá ser revocado por los Tribunales en caso de incumplimiento o notoria desviación de sus compromisos electorales.
  10. El patrimonio del Estado y los fondos públicos son propiedad de los españoles, sin perjuicio de que su honesta administración se lleve a cabo por los mandatarios políticos. La desviación de los fondos públicos a fines distintos de aquellos para los que fueron dotados, conllevará la responsabilidad penal procedente para sus autores, cómplices e inductores, aunque no fueran ellos los directamente beneficiados por el acto.

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